CASTRO URDIALES PUBLICA UN CONTRATO MENOR DEL POLIDEPORTIVO PERU ZABALLA PARA FEBRERO DE 2022 A LA MISMA EMPRESA QUE GESTIONA EL SERVICIO
NO DEJA DE SORPRENDER LAS COSAS QUE APARECEN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA. AYER SE PUBLICÓ UN CONTRATO MENOR A LA EMPRESA QUE GESTIONA EL SERVICIO DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO, SPORT STUDIO SERVICIOS DEPORTIVOS, S L POR 8.963,56 €...DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022.
Decía hoy el concejal de deportes en un medio de comunicación que "se han ampliado las horas de los cursos de natación hasta donde nos ha permitido el actual contrato". Mira que es curioso porque el actual contrato se adjudicó el 28 de febrero de 2022 por dos años; es decir, que actualmente está vigente y finaliza en febrero de 2024. A menos que lo que publican en el Portal de Transparencia sea un error de esos que de vez en cuando cometen..o que sea una excusa porque como trabajan tanto y se sacan muchas fotos, no han tenido tiempo en volver a sacar a licitación el servicio.
Habrá que recordar que está empresa, Sport Studio Servicios deportivos S.L es la empresa adjudicataria del servicio de salvamento y socorrismo de la piscina del polideportivo Portus Amanus de Sámano; sin embargo por lo que parece a pesar de ser un polideportivo municipal (al menos hasta 2028) no presta cursos de natación en esa instalación.
DEFENSA ANIMAL EN CANTABRIA RECHAZA EL PROYECTO DE ADN CANINO QUE QUIERE IMPLANTAR EL AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES
LA FEDERACIÓN DEFENSA ANIMAL EN CANTABRIA HA PUBLICADO HOY UNA NOTA DE PRENSA, RECHAZANDO LA UTILIZACIÓN DEL ANÁLISIS DEL ADN CANINO QUE QUIERE IMPLANTAR EL AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES POR "DUPLICIDAD" Y "GRABAR DOS VECES" A QUIEN TENGA UN ANIMAL.
Entre los argumentos, todos los que publicábamos desde este blog, Castro Confidencial hace un par de día. (Agradecemos el seguimiento).
Tras conocer las intenciones de la alcaldesa del municipio, desde Dean señalan que la utilización del ADN como método de identificación no recogido en la Ley 3/1992 de 18 de marzo de protección de los animales de Cantabria para sancionar por la no recogida de heces en vía pública, “no es útil ni en materia de civismo ni con enfoque recaudador”, infracción que ya está regulada en dicha ley sin necesidad del ADN y también en la Ordenanza reguladora de la protección y tenencia de animales del propio municipio. Aclaran también que la Orden 25/2003, de 17 de marzo, por la que se crea el Registro de Animales de Compañía y se establece su sistema de identificación, reconoce como único método de identificación el microchip y por lo tanto sería necesaria una modificación de la normativa autonómica para que fuera factible desde el punto de vista legal.
“Usar el ADN para sancionar a los propietarios es un método poco fiable que plantea serias dudas técnicas y jurídicas, además de su viabilidad económica ya que es muy costoso de implantar, con un complicado retorno de la inversión vía el cobro de sanciones y que genera duplicidades con respecto al ya existente Registro de Identificación de Animales de Compañía de Cantabria (RACIC) -lo que obligaría a los vecinos y vecinas con perros a pagar dos veces por el mismo servicio al tener que pagar una doble identificación, una con microchip y otra mediante ADN-“, advierte Victoria Cedrún, presidenta y portavoz de DEAN.
Respecto a las dudas jurídicas, la Federación explica que, para garantizar la legalidad de las multas a los infractores de la ordenanza, el municipio debería asegurar la cadena de custodia, es decir, que la muestra no se haya manipulado ni alterado desde su recogida hasta el resultado final de la analítica (cuando se coteja el ADN de la ficha de cada animal con el obtenido a partir de las heces). Para su toma, además, se requeriría de la presencia de un funcionario que levante acta del lugar, de la persona que toma la muestra y de su envío al laboratorio.
“Nos preguntamos si desde el equipo de Gobierno se han parado a pensar que el registro genético obligaría también a que la policía local controlara, persiguiera y, en su caso, sancionara a quienes, después del plazo concedido, no hubieran inscrito a su animal en dicho registro, pese a que la obligación legal es únicamente la del microchip electrónico, competencia autonómica”, subraya Cedrún.
La portavoz indica que “los vecinos y vecinas de Castro tienen derecho a conocer el coste de su puesta en marcha, a saber, que el sistema no garantiza un retorno de la inversión realizada para confeccionar el censo a través de las sanciones, como se ha demostrado en los municipios que lo tienen implantado”. Además, “merecen una explicación desde el Consistorio sobre qué ocurrirá con las heces de los perros itinerantes (que visitan el municipio y no censados en el mismo), con las de los animales abandonados y también sobre cómo van a evitar contaminaciones cruzadas con excrementos de otras especies”, continúa.
El colectivo cita como ejemplo la ciudad de Málaga, el primer gran municipio donde este sistema se implementó, a partir de mayo de 2017, que creó un fondo dotado con 200.000 euros para hacerse cargo de los análisis previos para obtener el perfil genético y para asumir también el coste de las pruebas PCR de las muestras de excrementos y que, a pesar de ello, el porcentaje de éxito medio alcanzado en la identificación en 2019 y 2020 fue de entre el 15 y el 22%.
“El sistema es endeble jurídicamente y fácilmente recurrible por los propietarios, además de rechazado por numerosos colectivos, entre los que se encuentran Colegios Veterinarios como el de Valencia y Andalucía, entre otros”, subraya.
Así mismo, desde Dean consideran que “no se puede gravar igual a quien cumple la normativa que a quien no lo hace y el sobrecoste para los propietarios que ya cumplen con las obligaciones establecidas en la Ordenanza no sería inferior a 45 euros por cada uno de sus animales”.
“Si de verdad quiere mejorar el bienestar animal y el civismo en las calles del municipio, lo que debería hacer el equipo de Gobierno es incrementar las actuaciones inspectoras y sancionar a quien incumple y apostar por la sensibilización y concienciación ciudadana”, opinan. En este sentido, recuerdan que la Ordenanza municipal incluye una infracción administrativa grave con una sanción de entre 301 a 1000€, que podrían aumentar hasta los 2400€ en caso de perros mal catalogados como potencialmente peligrosos, “poniéndose aquí de manifiesto la discriminación de determinadas razas respecto a otras”.
“Vincular la sanción con la identificación mediante ADN no contribuye al bienestar animal, se olvida el fin médico, sanitario y genético de dicha medida y en algunos casos podría generar la vulneración de la libre competencia si se limita el número de veterinarios autorizados a extraer y custodiar las muestras de ADN”, sentencia Cedrún.
LA SGAE RECLAMA AL AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES 62.762,95€ POR INCUMPLIR EL PAGO DE DERECHOS DE AUTOR
LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORIALES SGAE HA INTERPUESTO UNA DEMANDA CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES CON 62.762,95€ POR LA COMUNICACIÓN PÚBLICA DE OBRAS PROTEGIDAS POR EL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL, ANTE EL JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO 2 DE SANTANDER.
Parece que la alcaldesa ya ha nombrado a una procuradora mediante un contrato menor y ha encargado el pleito al letrado municipal.
Después de la multa de 30.000 € de cohetes "sin autorización que pasó 15.000 € por pronto pago, ahora la SGAE reclama más de 62.000€.
Esperamos que el concejal de fiestas asuma la responsabilidad y no se excuse diciendo que no sabía que hay que pagar un canon por usar música para las fiestas porque en la web municipal hay acta de junta de gobierno de 2020 (página 4-5) en la que se dice:
- Se da cuenta de la interposición de Procedimiento monitorio 743/2019 seguido ante el Juzgado Mercantil nº 2 a instancia de la SGAE.
Reclaman el pago de la cantidad de 37.341,56 euros por los eventos organizados por el Ayuntamiento durante los años 2017 y 2018.
El requerimiento de pago tuvo entrada en este Ayuntamiento el 28/01/2020, otorgándose un plazo de 20 días bien para su abono o para formular oposición (vence 25-02-2020).
La Secretaria, informa que según le explica el Técnico de asesoría no hay muchas posibilidades de éxito por lo que su propuesta es no oponerse en el juicio monitorio y pagar. La Junta de Gobierno Local, se da por enterada.
No sabemos que pasa en el ayuntamiento para no pagar el canon de la SGAE año tras año. Se dan por enterados en Junta de Gobierno y luego no pagan o se les pasan los plazos.
Una muestra más de la dejadez y la ineficacia de este equipo de gobierno..100 días de gobierno y una multa de 30.000€ que se ha quedado in extremis en 15.000€ y ahora una reclamación judicial de más de 62.000€.
SEGÚN LOS COLEGIOS VETERINARIOS: LA IDENTIFICACIÓN CANINA QUE CASTRO URDIALES QUIERE "IMPONER", NI ES CONVENIENTE NI ES NECESARIA
DESPUÉS DE 100 DÍAS DE GOBIERNO, LA ALCALDESA DE CASTRO URDIALES, LA SOCIALISTA SUSANA HERRÁN NOS HA SORPRENDIDO EN SER CASTRO URDIALES HOY DICIENDO QUE "EL MAYOR PROBLEMA EN CASTRO URDIALES SON LAS CACAS DE PERROS".
La Ley de bienestar Animal aprobada en marzo de 2023 establece en su artículo 9 que "Se crea el Sistema Central de Registros para la Protección Animal, que estará adscrito al departamento ministerial correspondiente. El objetivo de este sistema de registros es la coordinación entre los diferentes registros dependientes de las comunidades autónomas". (Es decir, Los ayuntamientos no podrán implantar los censos de perros por ADN, “porque no tienen competencias”. La ley solo contempla el microchip y las competencias son regionales, lo que frena la implantación de un sistema que pretendía identifica y sancionar por las heces).
Según algunos colegios veterinarios, la vinculación de un régimen sancionador al sistema de identificación mediante ADN, en nada contribuye al bienestar animal y se olvida el fin médico, sanitario y genético de dicha medida. Además, en algunos casos podría generar la vulneración de la libre competencia si se limita el número de veterinarios autorizados a extraer y custodiar las muestras de ADN.
El colegio de veterinarios de Valencia incluso advirtió hace menos de un año, en noviembre de 2022, que los test de ADN caninos son caros, poco fiables y plantean dudas jurídicas. En concreto, las muestras obtenidas suelen degradarse por las condiciones ambientales, muchas veces no son definitorias por la propia escasez de ADN que pueda analizarse, por la habitual presencia de inhibidores de PCR que impiden que los resultados sean concluyentes, por la existencia de contaminaciones genéticas, por problemas de conservación y/o transporte de las heces, por proceder de una especie distinta (gatos, por ejemplo) o de animales «itinerantes» (abandonados o de otros municipios que no estén registrados en este censo).
En Málaga , el primer municipio donde el sistema se implantó en mayo de 2017, el porcentaje de éxito medio alcanzado en la identificación en 2019 y 2020 fue de entre el 15 y el 22% (se tomaron en esos dos años 715 muestras de la calle pero de ellas sólo se pudo identificar al dueño y multar en 131 casos. El Ayuntamiento de Málaga tuvo un gasto inicial de los primeros análisis de 200.000€.
El censo genético sólo permitiría conocer los datos de los perros que en ese momento estuvieran dados de alta en el municipio en cuestión y, claro, lo haría solo en los casos en los que la prueba no fallara. Además, este registro excluye la posibilidad de localizar a los dueños de los perros no censados en el municipio en cuestión.
Sabiendo que el PSOE ha decidido gastarse en luces de Navidad 155.000 € con la partida presupuestaria de fiestas gastada según denunciaba Castro Verde el pasado 9 de enero de 2023, y como hay censados 5.000 perros con chip en el municipio, igual han pesando en crear una nueva tasa fiscal por el censo canino y justificar la creación de una PATRULLA CANINA y contratar así a un montón de gente de PATRULLAS CIUDADANAS para salir a recaudar y pagar las luces. Veremos.
CASTRO URDIALES ADJUDICA UN CONTRATO MENOR DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNA OBRA QUE SE ACABA DE ADJUDICAR EN COTOLINO
HACE UNOS DÍAS SE PUBLICABA EN PRENSA QUE EL AYUNTAMIENTO ADJUDICABA LA OBRA DE REPARACIÓN DEL TALUD DE LA CALLE ELEAZAR ORTIZ EN COTOLINO POR ALGO MÁS DE 17.000 € (+ IVA) .
UNA OBRA QUE CURIOSAMENTE EXPLICABA LA ALCALDESA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ENLACE NOTICIA.
A LO MEJOR NECESITAMOS "GERENTE DE URBANISMO.
Así se ha adjudicado a la empresa Crivotec por un importe de 17.134€ las obras de reparación del talud de la calle Eleazar Ortiz de Cotolino.
Al parecer, el talud, ubicado el la calle Eleazar Ortiz en Cotolino, está compuesto de piedra arenisca y caliza, y presenta fracturas debido a la iteración de raíces de los árboles situados en su parte superior, lo que provoca caída de bloqueas de "cierta envergadura" sobre la acera peatonal situada al pie del mismo.
Pues bien, en el Portal de Transparencia se ha publicado ayer otro contrato menor adjudicado a la empresa BRICK REPARACIONES URGENTES S L Servicios de mantenimiento y reparación. Reparar hundimiento de la acera en la calle Eleazar Ortíz nº4 por otros 8.177,00 €. (Como está Castro que se hunde un talud y también la acera. Menos mal que las obras se pagan con dinero público, cualquiera diría que es un saca-duros).
Se ve que los servicios técnicos municipales no han hecho informe integral de la zona y las obras menores proliferan en la misma zona como setas.
Leyendo el portal de transparencia ya vemos como últimamente se adjudican con contratos menores un montón de Servicios de mantenimiento y reparación de calles. No sabemos sí porque el ayuntamiento no dispone de personal propio o sí la gestión de la alcaldesa se basa en este tipo de contratación extraña.
- BRICK REPARACIONES URGENTES S L Servicios de mantenimiento y reparación. Reparación en acera de la Calle Poeta Angel Cobo nº1. 5.387,00 €.
- CONSTRUCCIONES A.P. IRASTORZA, S.L. Servicios de mantenimiento y reparación. Reparación de canalización de alumbrado en la calle Ocharan Mazas nº 1 y 34, y acondicionamiento del paso de cebra que afecta a ese tramo, para ejecutarlo según la normativa de accesibilidad. 15.581,36 €.
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