CASTROVERDE DENUNCIA EL PACTO ENTRE PSOE Y PP DE CASTRO URDIALES PARA EL BLOQUEO DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA EN LA CONTRATACIÓN

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 PSOE Y PP ACUERDAN EL BLOQUEO DE LA VIGILANCIA DE CONTRATOS MUNICIPALES.
 


Apenas 15 días después de haber tumbado la propuesta de CastroVerde para actualizar el portal de transparencia, del que se ha eliminado -entre otros- la publicación de los gastos políticos que antes sí aparecían, la coalición de facto PSOE-PP da un paso más para garantizar que los ciudadanos no puedan conocer las actuaciones del equipo de gobierno.

 El pasado viernes se celebró la Comisión de Control y Seguimiento de la Contratación con el fin de elegir al presidente, que hasta la fecha había sido Pedro Fuste (PRC). Pues bien, durante el desarrollo de la misma se vulneró el acuerdo plenario que indica que: “La Presidencia de la Comisión se delegará en un miembro propuesto entre los grupos de la oposición”.


FALTA DE ETICA DEL EQUIPO DE GOBIERNO


 Lejos de ser así, la propuesta de nombrar a la portavoz del PP, Ana Urrestarazu, partió del portavoz de Ciudadanos y teniente de alcalde José María Liendo Cobo y fue apoyada por la alcaldesa Susana Herrán (PSOE), asegurándose así desde el equipo de gobierno la designación de quién le controlará los contratos, que si ya de por sí constituye una absoluta falta de ética, vulnera además una de las normas esenciales de funcionamiento interno.

 Más allá de la legislatura de fotos y sonrisas que vende el equipo de gobierno, se va desenmascarando la política de opacidad llevada a cabo, llegando a financiar con dinero público cualquier tipo de crítica. Ya en junio, tras sólo un año de gobierno del PSOE, CastroVerde desveló que se había multiplicado por ocho el gasto anual en medios de comunicación locales, y fruto de ello los ciudadanos habrán notado un cambio de tono de las noticias de muchos medios locales, así como la ausencia (no voluntaria) de los partidos de la oposición en programas de radio. Una auténtica censura amable, pagada con dinero público.

 Ante el silencio del equipo de gobierno, CastroVerde desveló -entre otros- el incumplimiento de entrega de autobuses nuevos en el contrato del CastroBus, la chapuza realizada en la plaza de los leones que supondrá una indemnización, o la proliferación de contratos de poda incluso con empresas con sanciones urbanísticas muy graves impuestas por el propio Ayuntamiento. Ejemplos que muestran la necesidad de una vigilancia de la gestión de los contratos que realiza el gobierno municipal, que ahora pacta con el PP para evitar que salgan a la luz.

https://castrourdialesverde.wordpress.com/

AVISO DE CORTE DE AGUA MAÑANA EN SAMANO

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EL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS AVISA DE UN CORTE DE AGUA MAÑANA 13 DE OCTUBRE EN LA URBANIZACIÓN LA GRANJA EN SAMANO DESDE LAS 9:00 HASTA LAS 14:00 HORAS POR UNA AVERÍA EN LA RED GENERAL. 

 

El corte afectará a las siguientes zonas:

BºSámano Nº 74 y 74D Urbanización la Granja

 

Se procederá al restablecimiento del suministro sin previo aviso una vez terminados los trabajos.

Ponemos en su conocimiento que al restablecer el Servicio de Aguas, se pueden producir episodios de turbidez, por lo que les recordamos que deben evitar utilizar el agua para uso alimentario, mientras dure la misma.

Rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

LA SENTENCIA DEL CASO LA LOMA ANULA EL SUNP 12 Y CONDENA A 11 CHALETS A LA DEMOLICIÓN

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YA HAY SENTENCIA EN EL CASO LA LOMA RECURRIBLE EN CASACIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO.    

 

http://www.poderjudicial.es/portal/


 La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado al que fuera alcalde de Castro Urdiales entre 2003 y 2007, Fernando Muguruza, a un año de prisión y ocho de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa y urbanística en el llamado 'caso La Loma', en el que se investigaban irregularidades urbanísticas en esa zona del municipio.

La sentencia condena también al exsecretario municipal, Cesár Saiz, a dos años de prisión, ocho de inhabilitación y multa de 7.500 euros como cooperador necesario del citado delito de prevaricación y como autor de un delito de falsedad en documento público, al incluir una cláusula nueva en un documento ya aprobado por el Ayuntamiento.

Asimismo, condena al promotor inmobiliario de Sacyr Vallehermoso, Valentín Galdós, a dos años de prisión, a uno de inhabilitación y multa de 7.500 euros por falsedad en documento público por concertarse con el secretario municipal para modificar un documento.

 

 Además, la Sección Tercera de la Audiencia ha declarado la nulidad del Plan Parcial del Sector de Suelo Urbanizable no Programado número doce (el conocido como SUNP-12) y de los instrumentos de planeamiento que lo desarrollaron, entre los años 2003 y 2006.

Según el fallo, procede la demolición de las once viviendas que fueron construidas sobre suelo de protección y servidumbre de carreteras. Todas ellas pertenecen a una sociedad inmobiliaria ya que ninguna de ellas llegó a venderse a particulares.

 

El Ayuntamiento ha perdido 10 millones de euros

El 13 de Octubre de 2019  elDiario.es  publicaba un artículo sobre el sorprendente Giro de la Fiscalía. Un nuevo escrito de acusación en el que desaparecen delitos como la malversación de fondos públicos, la falsedad documental y varios más ; y se obviaba un perjuicio para las arcas municipales de 10 millones (supuestamente sin justificar el motivo). 

En el escrito de la Fiscalía se excluye el perjuicio al patrimonio municipal por dejar de liquidar y recaudar las tasas de las licencias concedidas por importe de 226.000 euros y por el total de aprovechamientos urbanísticos por importe de 9.300.000 euros. Además, en el primer documento, la Fiscalía fija la cantidad de 380.500 euros que deja de percibir el Ayuntamiento por un camino vecinal en el proyecto de reparcelación del SUNP3, así como la cuantía de 976.000 euros por eximir a la promotora Bifamiliares de entregar los aprovechamientos urbanísticos.

 

El SUNP 12 es nulo 

 

En 2018 se publicaba en el Boletín Oficial de Cantabria el Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual del Plan Parcial del SUNP12 del PGOU, sin dar audiencia a la Junta Vecinal de Santullán (que se enteró por la prensa) y cuyos objetivos son alucinantes...https://boc.cantabria.es/

 

1. Completar el área de La Loma, ofreciendo una alternativa a la ciudad tradicional de Cas-tro Urdiales al poner en el mercado edifi caciones unifamiliares a precios accesibles. (Más Chalets)

2. Integración visual de la nueva área con su entorno, intentando aprovechar al máximo las cualidades naturales del terreno.

3. Realizar la cesión de espacios libres de uso público de acuerdo a lo establecido en la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, y resultando unas cesiones mayores de las estrictamente necesarias.

4. Realizar una cesión de equipamientos de tipo educativo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, y resultando unas cesiones mayores de las estrictamente necesarias. (El Colegio que no falte)

Sorprende que la solicitud y la documentación a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, no la aporta el Ayuntamiento de Castro Urdiales sino una sociedad inmobiliaria,  Altamira Santander Real State S.A

 

El Ayuntamiento de Castro Urdiales, la concejalía de Urbanismo ha intentado sin éxito mientras se celebraba el juicio de La Loma, legalizar el SUNP12.  Sin embargo, Carreteras de Cantabria ha frenado en seco el intento del Ayuntamiento de legalizar los instrumentos urbanísticos del SUNP12. Ya lo publicabamos en marzo.  http://www.castroconfidencial.es/2020/03/

 

Responsabilidad del Ayuntamiento 


En noviembre de 2019, durante el juicio el Ayuntamiento  consideraba que no procede la condena al pago de ninguna suma en concepto de responsabilidad civil subsidiaria derivada de la actuación urbanística del Consistorio en el sector residencial SUNP-12; salvo en los gastos por demolición de las 11 viviendas supuestamente edificadas en contravención de las normas de protección del dominio público viario, aceptando la valoración en el informe de tasación de la ingeniero de Caminos del Ayuntamiento Ana Jaurena Murillo en mayo de 2015. https://cadenaser.com/2019

 

Ahora que nos cuente el concejal de Urbanismo, Alejandro Fernández que la sentencia penal "ha quedado en nada" y que el SUNP 12 se arregla tirando 11 chaletes. Va a ser que no.  

 

 

La Junta Vecinal de Santullán es la única entidad local que ha defendido los intereses públicos en este juicio. 

 

El pedáneo de Santullán, Julian Revuelta explicó en el juicio que a finales de 2003 presentaron una alegación a la aprobación inicial del plan parcial del SUNP 12 solicitando la inclusión de una parcela de la pedanía de 20.000 metros cuadrados que quedaba "embutida" en medio del SUNP 4 y el 12, pero el Ayuntamiento la desestimó por ser suelo rústico y la Junta Vecinal aceptó la decisión y no la recurrió. Revuelta pertenecía entonces al PSOE. Cuando en 2006 las maquinas de las obras entraron en Santullán destrozando los caminos vecinales acudió al Ayuntamiento para que paralizase las obras. Pero el Ayuntamiento gobernado por Fernando Muguruza no contestó a los escritos, por lo que denunció ante la Guardia Civil.




 

 


 



EL TSJC DESESTIMA UNA RECLAMACIÓN DE MÁS 13 MILLONES QUE UNA CONSTRUCTORA RECLAMABA AL AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

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 El TSJ desestima una reclamación de 13 millones que presentó una promotora en 2016 al Ayuntamiento, condenándola en costas.


El pasado mes de enero el TSJ de Cantabria desestimó la reclamación por 13,7 millones que la promotora Castrum Varduliex presentó en junio de 2016 contra el Ayuntamiento, alegando que la administración había retrasado la construcción de las viviendas que promovió en la UE 1.34, cercanas al Pachi Torre.

La sentencia ratifica otra anterior del Juzgado Contencioso nº2, de junio de 2019, que igualmente desestimó la reclamación de la promotora, dado que las causas de la paralización del edificio construido se debió primeramente a una investigación judicial, y otra en 2013, debido a irregularidades constructivas al no corresponder lo construido con la licencia de obras concedida en noviembre de 2008.

La paralización judicial , de nov-2009 a nov-2012, estuvo ligada a los problemas urbanísticos de la zona del Pachi Torre, en la que se ubica el edificio, y finalizó en un proceso penal  que la Audiencia Provincial ha resuelto recientemente.

Posteriormente, en 2013, se produjo otra paralización  ya que los servicios técnicos municipales detectaron que la obra realizada no se correspondía con la licencia concedida en 2008, por la altura del edificio y otros aspectos, que derivó en una modificación de la licencia inicial para 162 viviendas, en otras dos de sendos edificios con 114 y 19 viviendas, además de una 3ª modificación del Estudio de Detalle de la UE 1.34 para adaptarlo al edificio construido.

Una vez modificadas las licencias de obra y el E.D. durante 2014, además de corregidas deficiencias en el edificio, se concedió licencia de primera ocupación al bloque de 114 viviendas el 9 de junio de 2015. Un año después se interpuso la demanda al juzgado por 13,7 millones alegando retraso en la tramitación de las licencias del edificio.

Si ya resulta poco verosímil que se reclame indemnización por una paralización judicial, y por defectos en la construcción, lo es más que se reclamen 13 millones en pérdidas cuando el coste de construcción declarado en las licencias de los dos edificios no llega a 9 millones y la mayoría de viviendas ya han sido vendidas.

La Sentencia del TSJ fue recurrida al Supremo que ha desestimado su tramitación, dando firmeza así a la sentencia de enero de 2020, que condenaba en costas a la promotora y las fijaba en 245.000 € a indemnizar al Ayuntamiento.

CastroVerde agradece la buena defensa del caso por el letrado municipal con apoyo del Dpto. de Urbanismo realizada durante el periodo 2016-2019, cuyo trabajo ha posibilitado que las tres instancias judiciales ratifiquen la actuación urbanística llevada por el Ayuntamiento librándole de una indemnización millonaria. 


Esta resolución se suma a la que ya se produjo en la zona por otro otro promotor reclamó 5,6 millones  al Ayuntamiento, o la de la  2ª reclamcación de Ascán de 2,7 millones, ambas desestimadas por el TSJ y precedidas -durante el mandato de CastroVerde- de coordinación y trabajo en equipo entre los distintos departamentos municipales. 

https://castrourdialesverde.wordpress.com/2020/

EL AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES NO APLICA LA ORDENANZA REGULADORA DEL TRANSPORTE ESCOLAR APROBADA EN 2019

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 EL TRANSPORTE ESCOLAR DE CASTRO URDIALES SIN REGULAR PESE A ESTAR APROBADA LA ORDENANZA HACE AÑO Y MEDIO. 


Acaba de arrancar el curso escolar y es una realidad el continuo trasiego de autobuses y demás vehículos escolares a lo largo y ancho de nuestro municipio, tanto de colegios locales como de aquellos que van a estudiar a otras localidades. Circulan sobre todo por el casco urbano, por lo que se hace imprescindible ordenar y gestionar de forma racional sus itinerarios y paradas en aras de mejorar las condiciones de tráfico del municipio en general y eliminar riesgos que puedan producirse a consecuencia de paradas realizadas en lugares especialmente peligrosos en particular.

 En este sentido, recientemente hemos conocido los problemas que está padeciendo el IES Ocho de Marzo ya que los autobuses no disponen de espacio suficiente para aparcar, en concreto el que llega de Guriezo, con consencuencias para el tráfico en la zona en las horas punta de llegada.

 

Ordenanza específica

Durante la pasada legislatura se elaboró una ordenanza  que definía las condiciones mínimas que tendrían que cumplir los solicitantes, así como los itinerarios y paradas de las empresas prestadoras del servicio. CastroVerde se interesó por este asunto en la Comisión de Servicios a la Ciudadanía celebrada en Enero y no se obtuvo respuesta. Tampoco cuando se preguntó por ello en el pleno celebrado el pasado 4 de Agosto, para que diese tiempo a reaccionar de cara al comienzo del curso actual.

 Sea como fuere, ha pasado ya año y medio desde la aprobación definitiva de la ordenanza sin que aún se haya aplicado para regular el tráfico en nuestro casco urbano, tiempo más que suficiente para haberla puesto en marcha.

 ¿A qué se espera a poner en marcha la ordenanza? Ni tenemos la respuesta, ni entendemos esta falta de diligencia. La mejora y fluidez del tráfico es un reto constante de todo municipio que apueste por la movilidad.

 

https://castrourdialesverde.wordpress.com/2020