LA FISCALÍA OMITE NUEVE DELITOS Y UN PREJUICIO DE 10 MILLONES DE EUROS PARA CASTRO URDIALES
NOS VOLVEMOS A ENCONTRAR PUBLICADO EN PRENSA REGIONAL Y ESTATAL, LO QUE NO SE PUBLICA EN CASTRO URDIALES..
Publica eldiarioescantabria este titular: "El giro de la Fiscalía en el caso La Loma omite nueve delitos y obvia un perjuicio de 10 millones de euros para Castro Urdiales".
https://www.eldiario.es/norte/cantabria/sociedad/La_Loma
En el nuevo escrito de acusación desaparecen sin justificación tres delitos de malversación de fondos públicos, cuatro de falsedad documental, uno de infidelidad de custodia de documento público y otro contra la ordenación del territorio.
El caso 'La Loma', la mayor causa por corrupción en Cantabria, se desinfló al retirar la fiscal la acusación a 39 de los 45 imputados en la primera sesión del juicio.
El caso 'La Loma' de Castro Urdiales ha visto cómo en las últimas semanas se ha quedado en el chasis. Y es que esta macrocausa por corrupción urbanística, la mayor de Cantabria, que consta de 101 tomos y más de 57.500 folios y en la que estaban imputados medio centenar de personas entre políticos, constructores y funcionarios para los que se pedían 200 años de cárcel en total, ha experimentado un cambio sustancial en las últimas semanas.
El esperado comienzo del juicio, por unos hechos que se produjeron hace doce años y cuya apertura se ordenó hace más de cuatro por el juez Luis Acayro Sánchez, llegó este mes de octubre con una sorpresa en forma de cambio de criterio por parte de la Fiscalía. La nueva fiscal, Pilar Santamaría, retiró las acusaciones a 39 de los 45 imputados en el caso, de manera que el juicio quedó suspendido a la espera de nuevo escrito de acusación por parte del Ministerio Público.
En ese escrito, que se conoció el pasado jueves, la fiscal rebaja a cuatro y dos años de cárcel las penas a los exalcaldes Rufino Díaz Helguera y Fernando Muguruza, quienes se enfrentaban a una condena inicial de 12 y 11 años respectivamente. Además, también fijó penas para el arquitecto Pedro Restegui y la técnico Yolanda Sánchez (cuatro años cada uno), para el exsecretario municipal César Saiz (siete años) y para el arquitecto Valentín Galdós (cinco años).
No obstante, este giro de la Fiscalía en el que se "contrae" la acusación omite nueve delitos por corrupción sin justificar el motivo y obvia un perjuicio de casi 11 millones de euros para el Ayuntamiento de Castro, todo ello recogido en el anterior escrito presentado por la fiscal María Jesús Cañadas en 2012.
Se trata, por tanto, de tres delitos de malversación de fondos públicos, cuatro de falsedad de documento público, uno de infidelidad de custodia de documento público y otro contra la ordenación del territorio, tal y como se extrae de la comparativa de ambos textos.
El escrito excluye el perjuicio al patrimonio municipal por dejar de liquidar y recaudar las tasas de las licencias concedidas por importe de 226.000 euros y por el total de aprovechamientos urbanísticos por importe de 9.300.000 euros. Además, en el primer documento, la Fiscalía fija la cantidad de 380.500 euros que deja de percibir el Ayuntamiento por un camino vecinal en el proyecto de reparcelación del SUNP3, así como la cuantía de 976.000 euros por eximir a la promotora Bifamiliares de entregar los aprovechamientos urbanísticos.
"Conocida la Sentencia del TSJ que acredita que el aprovechamiento urbanístico municipal se ubica en suelo rústico, no se ha hecho por el Ayuntamiento gestión alguna para resarcirse económicamente al menos, de la pérdida económica que ello supone", apuntaba el escrito de 2012.
En lo que respecta a los delitos por falsedad de documento público, la fiscal Cañadas hace alusión al informe de carreteras del SUNP 3 sector 2 en términos similares al SUNP 12. "La acusada Alicia García en su condición de gerente de urbanismo , consciente y voluntariamente somete a la aprobación del pleno municipal un texto refundido cuyos planos no son los aprobados por el organismo sectorial ni los informados favorablemente por la técnico municipal y es este texto refundido con sus planos el aprobado por el Ayuntamiento y remitido al BOC para su publicación", sostiene, señalando más adelante que "falta intencionadamente a la verdad" en el informe.
También hacía referencia a los certificados de infraestructuras del SUNP 4, 7 y 12 en los que se aseguraba por los técnicos y miembros de la Junta de Gobierno Local que estaba en fase de adjudicación y construyendo el depósito del Monte Cueto, para lo que, según el escrito, ni había licencia ni expediente de contratación y estaba prohibido por el PGOU.
"[...] el acusado Sr Restegui [...] falta voluntaria y conscientemente a la verdad certificando como "arquitecto municipal" que examinados los terrenos del SUNP 4 ha podido comprobar que tienen acceso rodado, transformador de energía eléctrica y gas natural en el propio terreno y que en colaboración con el Gobierno de Cantabria se ha garantizado el suministro de agua mediante las obras que se van a comenzar a ejecutar inmediatamente para permitir utilizar el embalse de Juncal de Guriezo y otras posibles alternativas, y que "está en fase de adjudicación un depósito en la zona de Cueto con la finalidad de abastecimiento de agua a varias zonas y en especial al SUNP 4." …y que por tanto no hay ningún problema de infraestructuras básica ya que el terreno cuenta con luz, accesos, gas y "el agua está asegurada con las obras que se van a ejecutar de forma inmediata" y con la conexión a la red de saneamiento integral, así como de la forma que se ha descrito anteriormente". ( folio 77 tomo 7). El acusado hace estas manifestaciones en un momento en el que ni siquiera estaba aprobada la modificación 6º del PGOU por lo que era contrario al planeamiento la instalación de depósito alguno en dicha zona, circunstancia que constaba al acusado. [...] El certificado es remitido a la Consejería de Medio Ambiente por el Sr Muguruza, constando al mismo la falsedad de su contenido. El contenido del certificado es elevado a acuerdo por la Junta de Gobierno Local", apunta.
Por otro lado, en el primer escrito de acusación se incluyó un delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos contra la Sra Sánchez Sebastián y en el nuevo escrito de acusación omite cualquier referencia al mismo, así como al delito contra la ordenación del territorio en el SUNP3, sector que ha retirado de la causa, en relación a la licencia concedida para construir 15 viviendas a favor de la promotora NORSUR Siglo XXI SL.
Sobre este último, las viviendas están construidas en suelo no urbanizable y no legalizable por invadir "la zona de protección de la carretera autonómica CA-250" y la fiscal no explica por qué ha dejado de ser delito, dejando de acusar a los miembros de la Junta de gobierno local que estaban advertidos de la ilegalidad y a los técnicos informantes.
"Y finalmente se concede a la entidad "Norsur Siglo XXI" licencia para la construcción de estas 15 viviendas pareadas en fecha 31 de marzo de 2005, por la Junta de Gobierno Local ( folio 22 23 tomo 26) formada por los acusados Sres. .Muguruza Galán, Rodríguez López, Diez Muro, Vélez Vitoria, Concepción Carranza, Salvador Hierro, Juan Tomás Molinero Arroyabe, conociendo todos ellos la imposibilidad de finalizar las obras de urbanización al tiempo de finalizar la edificación autorizada", señalaba el escrito de 2012.
AVISO DE CORTE DE SUMINISTRO DE AGUA EN VARIAS CALLES DE CASTRO URDIALES
Desde el Servicio Municipal de Agua se comunica a los abonados que, para proceder a la reparación de una avería en la red aguas, este próximo lunes 14 de octubre, entre las 9 y las 11 horas, se cortará el suministro en las calles:
- Plaza Hermandad de las Marismas.
- Cayetano Tueros,
- Arturo Dúo número 15
- Paseo de Ostende número 1-1B.
- Silvestre Ochoa número 12
- Ricardo Rueda.
Una vez terminados los trabajos, se restablecerá el servicio sin previo aviso. Se pueden producir episodios de turbidez, por lo que se recomienda evitar utilizar el agua para uso alimentario mientras duren los mismos.
EL GOBIERNO DE CASTROVERDE DESTINÓ 5 MILLONES DE EUROS A INVERSIONES EN LA PASADA LEGISLATURA
EL AYUNTAMIENTO DESTINÓ 5 MILLONES DE EUROS A INVERSIONES CON CASTROVERDE EN EL GOBIERNO.
Hace justo una semana CastroVerde informaba que las cuentas del Ayuntamiento quedaban saneadas con 6,3 millones de euros de Remanente de Tesorería al cierre de 2018. Tras el anuncio, varios concejales del equipo de gobierno -entre ellos la edil de Hacienda Nereida Díez- lejos de mostrarse satisfechos de tener las arcas llenas para futuras inversiones, achacan a CastroVerde haber ahorrado en exceso.
Se añadía que las inversiones de la anterior legislatura fueron realizadas mediante subvenciones del Gobierno de Cantabria. Sin embargo, conviene recordar que, para realizar dichas inversiones, el Ayuntamiento necesitaba tenerlas consignadas en su presupuesto (lo que requirió de ajustes presupuestarios y eliminar gastos superfluos, como el personal de confianza), para después licitar y ejecutar las obras, y es posteriormente, si se justifica debidamente, cuando el gobierno regional subvencionará o no lo que proceda. Es decir, el Ayuntamiento invierte.
A continuación se detallan parte las inversiones realizadas durante la pasada legislatura, así como las partidas que hubo que destinar a pagar sentencias heredadas, entre otras.
- 5 millones en inversión: arreglo de 33 parques infantiles, Túneles de Ocharan, obras de mantenimiento del Túnel de Vizconde, asfaltados de la Ronda y Silvestre Ochoa, adecuación del polideportivo de Sámano, Centro de Empresas, Autoescala, Vial de Riomar, rotonda Chinchapapa, pistapump track, tirolina, cubierta del parque infantil de la porticada, carriles bici, ampliación del parque Cotolino, trabajos para hacer más accesible la ciudad, sustitución luminarias led (pendiente pero adjudicado), pista multi-deporte del Pachi Torre, restauración del kiosco de la barrera...por citar algunas de las más importantes.
- Pago de 8 millones en sentencias de anteriores legislaturas (algunas del PSOE), ASCAN, Castillo Faro, SUP-1.
- Se devolvió la paga extra eliminada a funcionarios en 2012 (430.000€).
Aún así, CastroVerde redujo en 3,5 millones la deuda bancaria(durante la anterior legislatura se subió), además de rebajar los costes políticos en 1,6 millones de euros, cantidad que el PSOE vuelve a recuperar ahora.
Pese a lo anterior, las arcas municipales con el gobierno de CastroVerde quedan con 6,3 millones de ahorro o Remanente de Tesorería, tras haberlas cogido con 3,8 millonesen negativo. Gracias a ello, el Ayuntamiento podrá realizar ahora nuevas inversiones o afrontar los imprevistos con solvencia y sin las dificultades de hace cuatro años.
CAMPAÑA DE APOYO A LA MARINERA
LA S.D. DE REMO CASTREÑA INICIARÁ LA SEMANA QUE VIENE UNA CAMPAÑA PARA CAPTACIÓN DE RECURSOS ECONOMICOS BAJO EL LEMA "COLABORA Y REMARÁS CON LA MARINERA" PARA ADQUIRIR UNA TRAINERA Y METERIAL DE REMO.
La Sdad. Deportiva de Remo Castreña pondrá en marcha, a partir del próximo lunes 14 de octubre, una campaña de captación de recursos económicos, con el objetivo de adquirir una Trainera y material de remo para que nuestros remeros dispongan de unas condiciones de salida en el agua iguales a las que disponen nuestros adversarios.
Es evidente y notorio en la actualidad, y a pesar de los esfuerzos hechos por la nueva Directiva del Club en la reparación y mejora de los materiales viejos, la diferencia con los de nuestros competidores son un lastre importante durante la competición.
El viernes 11 de octubre a las 12.15h, en la tienda expuesta en La Plazuela, presentaremos a los aficionados y medios de comunicación los pormenores y detalles sobre el contenido e inicio de esta campaña.
La campaña se denomina “COLABORA Y REMARAS CON LA MARINERA”, se trata de unos stand que contienen INFORMACIÓN de las diferentes formas de colaborar económicamente, sin límite mínimo ni máximo y que permitirá, a quien así lo desee, citar su nombre y apellidos, nombre comercial para el caso de entidades privadas o asociaciones, dentro de LA NUEVA TRAINERA.
A partir del día señalado se repartirán por los comercios y establecimientos unos carteles y módulos, con dípticos informativos que contendrán las diferentes formas de poder ayudar al Club en la consecución de lo que se pretende.
Dicha campaña se prolongará durante los próximos meses, en los que se celebrarán varias actividades que complementarán las aportaciones personales y expirara cuando se cumpla el objetivo.
Castro-Urdiales a 10 de octubre de 2019.
LA JUNTA DIRECTIVA.
LA FISCAL DEL CASO LA LOMA CAMBIA LOS HECHOS RECOGIDOS EN LA INSTRUCCIÓN
TENEMOS QUE IR A MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES PARA ESCUCHAR Y LEER LA OPINIÓN QUE EL MACROJUICIO POR CORRUPCIÓN URBANISTICA DE LA LOMA ESTÁ GENERANDO.
Esta mañana nos sorprendiamos con el Programa de Angels Barceló en conexión con Ser Castro Urdiales, una entrevista a la abogada de la Junta Vecinal de Santullán , Yolanda Merino que explicaba muy bien el origen del caso y el giro sorprendente de la Fiscalía.
Hace un rato el periodico "El País" recoge como noticia el soprendente "viraje" de la Fiscalía con titular que es bastante inquietante sí tenemos en cuenta que los casos de Corrupción Urbanística salpican a políticos, funcionarios y constructores. Un viraje de la Fiscalía baja de 45 a 6 los acusados en un escándalo urbanístico en Castro Urdiales.
Subtitula El País que "La fiscal cambia los hechos recogidos en la instrucción al inicio del macrojuicio en Cantabria, donde se permitió construir sin que estuvieran garantizadas infraestructuras básicas".
A Castro Urdiales (Cantabria) se le llegó a conocer como la Marbella del Norte por los escándalos urbanísticos que llevaron a una construcción desmesurada y repleta de ilegalidades. En la actualidad, cuenta con 53.000 habitantes, que supone un crecimiento de un 90% en los últimos 10 años. La semana pasada, trece años después de una primera denuncia por ocupación de caminos y terrenos rústicos a la que se han sumado otras, se iniciaba uno de los juicios por corrupción urbanística más esperados, el de la Loma. Había 45 acusados entre alcaldes, concejales, técnicos y promotores para los que Ministerio Fiscal pedía más de 200 años de prisión por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad en documento público y documental, malversación de fondos públicos, infidelidad en la custodia de documento público y estafa. La Audiencia Provincial de Cantabria ratificó el escrito en abril de 2015.
Pero un inesperado viraje en la opinión de la fiscal responsable de Medio Ambiente, Pilar Santamaría, el mismo día en que se inició el juicio ha reducido a seis los acusados. La fiscal sostiene que existen nuevos elementos a ponderar, después de que uno de los abogados de la defensa pidiese ese mismo día un aplazamiento para llegar a algún acuerdo. La causa, que se instruyó entre 2008 y 2012, consta de 90 tomos y más de 60.000 folios. Fuentes judiciales aseguran a EL PAÍS que se trata de una actuación "sin precedentes", porque se cambian hechos sin que se haya celebrado el juicio recabados en una instrucción y a los que la Audiencia Provincial dio el visto bueno. Además, el nuevo documento omite delitos por los que se deja de acusar como la malversación de fondos públicos por 9,6 millones de euros que el Ayuntamiento no recibió de los promotores por los aprovechamientos urbanísticos.
La Loma es una zona de unas 300.000 hectáreas en la que el Ayuntamiento permitió construir sin que estuviera garantizado el agua, ni ninguna infraestructura básica, en zonas de servidumbre de carreteras o equipamiento público. Se levantaron 168 chalés y un colegio.
Hoy se ha conocido el escrito en el que la Fiscalía argumenta su inesperado viraje. En cuanto al agua, "el principal problema de los residentes" - que continúan esperando el depósito de agua prometido y que han estado consumiendo agua de pozo, que incluso no era potable- el nuevo escrito de calificación provisional afirma que el Ayuntamiento ofreció alternativas para solucionar su falta, pero eran "erráticas" y los instrumentos de planificación que se adoptaron "no fueron acompasados en el tiempo". Dicho esto, considera que, al verificar de nuevo los datos y la aparición de "nuevos elementos de ponderación, llevan a concluir que las iniciativas concretas" referidas al SNUP 3, (el único sector que se construyó), "fueron adoptadas por los responsables municipales sin que hubiera constancia fehaciente de su manifiesta ilegalidad". Sin embargo, el anterior escrito del fiscal sostenía que se emitían informes favorables desde el Ayuntamiento, pese a que "constaba la ausencia de infraestructura de abastecimiento de agua".
La noticia del cambio de las modificaciones ha caído como una bomba sobre la Junta Vecinal de Santullán, una pedanía de 800 personas, que denunció en 2006 que se estaban ocupando caminos y terrenos rústicos de su propiedad. Yolanda Merino, su abogada, duda de que vayan a continuar: "No sé si vamos a poder asumir nosotros solos una defensa de lo que son intereses generales de un municipio".
El resto de las acusaciones particulares, vecinos que habían denunciado al considerarse estafados, han abandonado la causa. La Fiscalía explica ahora al respecto que "puede descartarse la existencia de engaño en los adquirentes de las viviendas" por las manifestaciones recientes de sus abogados. Pero el primer escrito de la fiscal sostenía que "los compradores adquirieron y pagaron las viviendas en la confianza de que disponían de todos los servicios necesarios".
La letrada Merino recuerda el tiempo y el trabajo que han dedicado a este procedimiento. "Se denuncia en 2006, la instrucción no arranca hasta 2008 y termina en 2012. A partir de ahí todo ha sido un juego de dilaciones y paralizaciones. De 2015 a 2019 estuvimos pendientes de que señalara el juicio y cuando ya está, pasa esto a última hora", relata.
La fiscal Pilar Santamaría solicita en su nuevo escrito cuatro años de prisión al exalcalde Rufino Díaz Helguera por un delito de cohecho y a Fernando Muguruza, también exregidor, dos años por prevaricación urbanística. El arquitecto Pedro Restegui se enfrenta a una pena de cuatro años por delito continuado de cohecho y a una multa de 1,8 millones. Valentín Galdós, también arquitecto, afronta la petición de cinco años de cárcel. A Yolanda Sánchez Sebastián le pide también cuatro años y 442.336 euros y para el exsecretario César Sáiz, solicita tres años por falsedad documental y cuatro por delito continuado de cohecho y un millón de euros. Las acusaciones particulares y el resto de implicados en el juicio cuentan con cinco días hábiles desde el 9 de octubre para presentar alegaciones al escrito de acusación. Las defensas tendrán otro plazo de cinco días, transcurrido el cual, se marcará la fecha para reanudar el juicio.
"ESTA DECISIÓN SIENTA UN PRECEDENTE MUY PELIGROSO"
En Cantabria hay 400 viviendas pendientes de derribo por irregularidades en los planes. “Si no se enjuician las que, además, llevan detrás un presunto delito, lo que pasará es que va a ser muy fácil saltarse la ley cuando quieran los Ayuntamientos, los técnicos o constructor de turno. Aquí había falsedad de planos y de documentos”, añade. La letrada recuerda que el derecho urbanístico y medioambiental está regido por directivas europeas que hay que cumplir y que trascienden las normas estatales.
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