CASTROVERDE NO CAMBIA SU VERSIÓN SOBRE LA MAL LLAMADA "SUBVENCIÓN DEL AGUA"
AHORA QUE SABEMOS QUE LA JUNTA VECINAL DE MIOÑO VALORA RECURRIR O NO LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, RESCATAMOS LA VERSIÓN DE CASTROVERDE QUE NO PARECE QUE HAYA CAMBIADO.
LAS COSTAS JUDICIALES QUE ASUMIERON LOS GOBERNANTES SOCIALISTAS ENTRE 2009 Y 2018 EN MIOÑO RONDARON LOS LOS 12.404 EUROS Y EL RECARGO POR APREMIO LLEGÓ A MÁS DE 153.000€.
La versión de Castroverde publicada en medios de comunicación y en su web dice así :
‘La mal llamada subvención’ o cómo los pedáneos de 4 Juntas Vecinales dilapidaron más de 4 millones de euros.
Durante el pleno extraordinario celebrado recientemente (9 de noviembre de 2021) para abordar la deuda de la Junta Vecinal de Mioño al Ayuntamiento (como consecuencia de las subvenciones del agua) la alcaldesa se refirió de nuevo a “La mal llamada subvención”.
Evidentemente la alcaldesa, en contra de lo que todas las instancias judiciales han sentenciado, puede seguir pensando y afirmando que no fue una subvención, si no una compensación por las instalaciones de agua que las juntas vecinales cedieron al Ayuntamiento para la gestión municipal del servicio de agua municipal.
CastroVerde lo considera un error de interpretación, por lo que es importante conocer las consecuencias que esa contumacia puede tener para la supervivencia de tres pedanías, Mioño, Otañes y Ontón. Sámano saldó recientemente su deuda por la venta de parcelas para la ampliación del Polígono Industrial de Vallegón, dinero que no volverá a la Junta.
Durante la pasada legislatura, y por la persistencia en ese error, se tachó al Ayuntamiento -gobernado por CastroVerde- de insensibilidad y de falta de autoridad por no desoír a los técnicos que defendían lo que después los tribunales han demostrado que era lo correcto.
Pero lo que aún es peor, se ha puesto a las pedanías en riesgo de desaparición por insolvencia financiera. En primer lugar porque sus alcaldes pedáneos, 3 del PSOE y uno del PRC, se gastaron casi 2,2 millones de la subvención en un destino incompatible: en vez de realizar inversiones, se gastó en servicios varios, sueldos, compras, festejos…, debiendo devolverse por ello el importe al Ayuntamiento.
Y en segundo lugar, por la decisión posterior de los alcaldes de esas 4 juntas vecinales, esta vez 3 del PSOE –entre ellos la actual alcaldesa de Castro– y 1 del PP –ahora en C´s y 1er Teniente de Alcalde–, que acudieron a tribunales para demorar el pago, en vez de acordar con el Ayuntamiento los términos de la devolución, incrementando así la deuda de las Juntas en otros casi 2 millones al añadir los intereses, recargos y costas judiciales de todos los procesos, ya que todos los juicios –con distintos jueces e instancias– dieron la razón al Ayuntamiento. Es decir, a la gestión de este asunto por el gobierno de CastroVerde.
CastroVerde respeta la opinión de la alcaldesa aunque resulta evidente el gran error y las graves consecuencias de sus decisiones y del resto de alcaldes de juntas vecinales afectadas, ya que con su gestión se ha privado a las Juntas de más de 4 millones de Euros. Y de ello, también se ha de responsabilizar la alcaldesa.
Dejamos el enlace de Castroverde a la sentencia que condenó en costas a la junta vecinal de Mioño en 2018 contra un Decreto del Ayuntamiento de Castro Urdiales y contra los recibos en concepto de reintegro de la subvención y sus intereses:
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