CASTROVERDE ACLARA SU PARTICIPACIÓN EN LAS LICENCIAS DEL APD2
ESTA TARDE HEMOS TENIDO CONOCIMIENTO EN REDES SOCIALES , CONCRETAMENTE EN FACEBBOK DE UN ESCRITO QUE CASTROVERDE HA PUBLICADO Y HORAS MÁS TARDE HA BORRADO EN EL QUE ACLARAN SU PARTICIPACIÓN EN LA LEGALIZACIÓN DEL IES 8 DE MARZO Y DE ALGUNAS VIVIENDAS LEGALES DEL SECTOR APD-2 EN COTOLINO. ESTE ESCRITO PONE EN DUDA LA "VERSIÓN" QUE LA ALCALDESA REDACTÓ Y ENVIÓ A LA REVISTA EL DEBATE COMO RECTIFICACIÓN.
"Lo que la verdad esconde"
A la opinión pública:
- Para que los lectores conozcan la veracidad de los hechos tal cual son en realidad.
- Contrariamente a lo que se redacta, en el escrito emitido por la alcaldesa del PSOE de Castro Urdiales, señalando directamente a Castroverde, concluímos los siguiente:
Castroverde y sus concejales electos, nombrados en la carta aclaratoria redactada y enviada por la alcaldesa del Partido Socialista al medio "El Debate" el 24 de enero de 2024, nada tuvieron que ver con la concesión de la licencia a la vivienda referida por el medio de comunicación y Susana Herrán.
- (Aquí ponemos el enlace porque el escrito de la versión de la alcaldesa que se publicó en "El Debate" fue el pasado 23 de enero de 2024).
Con fecha 11 de enero de 2016, siendo alcalde Ángel Díaz Munío y el concejal de urbanismo Eduardo Amor (ambos cargos políticos de Castroverde) se consiguió recepcionar la urbanización pública del sector denominado APD-2.
Este sector de 229.000 metros cuadrados, llevaba años arrastrando problemas urbanísticos, con varias personas inmersas en procesos judiciales, por mala gestión del suelo público desde 2001 a 2008, principalmente por haber concedido licencias de obra sin antes haber terminado la urbanización pública (viales, aceras, luminarias, arbolado, parques, un deposito de agua de 3.500 metros cúbicos y mobiliario urbano).
En la etapa que Castroverde ostentó la alcaldía (2015-2019) se terminó la urbanización pública, tras ejecutarse un deposito de agua y el resto de instalaciones pendientes que fueron exigidas a los promotores de la zona y así pudo recepcionarse por el ayuntamiento el 11 de enero de 2016. Un hito que permitió abrir un instituto público en el sector, en un tiempo record; conocido en la actualidad como 8 de marzo .
Solo a partir de ese momento, todas las viviendas de la zona podían solicitar su legalización, ya que el trámite de la recepción de la urbanización pública es un requisito previo e ineludible.
Pero para poder legalizarse, cada vivienda tenía que haber ejecutado conforme a lo estipulado en su licencia individual de obra. Con ello, muchas viviendas pudieron legalizarse obteniendo licencia de primera ocupación (LPO).
Sin embargo, este no es el caso de la vivienda que "El Debate" indica en su artículo puesto que en 2017 un informe técnico puso de manifiesto anomalías de la construcción con respecto a la licencia de obra, que se había otorgado en 2007. Por ello no se le concedió LPO y se comunicó al interesado el informe negativo.
Fue postreramente en la legislatura 2019-2023 momento en el que Castroverde ya no ostentaba la alcaldía ni competencias en urbanismo, cuando le fue concedida la LPO a esa vivienda (2020) tras haberla declarado previamente "fuera de ordenación", tal y como se recoge en la publicación del Boletín Oficial de Cantabria que "El Debate" referencia en su noticia original de 22 de enero de 2024.
Sí bien muchas otras viviendas obtuvieron LPO con este procedimiento de "fuera de ordenación", NINGUNA durante de la legislatura 2015-2019 con alcalde de Castroverde.
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