LA AUDIENCIA DE CANTABRIA ORDENA AL AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE LA LOMA Y EL DERRIBO DE 11 CHALETS
A PESAR DE LOS CONTINUOS SERMONES DEL ACTUAL CONCEJAL DE URBANISMO, Y DE LA ALCALDESA DE CASTRO URDIALES, LA SOCIALISTA Y CANDIDATA A LA ALCALDÍA SUSANA HERRÁN EN LOS PLENOS Y EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DICIENDO QUE EN LA LOMA NO PASA NADA, LA SENTENCIA QUE SE DICTÓ EN 2020, TRAS EL RECURSO DE VARIOS CONDENADOS, Y NOTIFICADA AYER A LAS PARTES, ES FIRME Y SE TIENE QUE EJECUTAR.
Además de esta actuación, que tendrá que sufragar el exalcalde Fernando Muguruza y los otros dos condenados, la Sección Tercera insta al Consistorio a restablecer la legalidad urbanística de la zona de Santullán donde se levanta 'Residencial San Pelayo'.
El caso La Loma de Castro Urdiales todavía no se ha cerrado del todo. Después de que el Supremo confirmase hace tres meses la pena de un año de prisión y ocho años de inhabilitación al exalcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, así como la del exsecretario municipal César Saiz de dos años de prisión (al tercer condenado, Valentín Galdós, le redujo de dos años a cuatro meses su pena de prisión por delito de falsedad), queda pendiente de regularizar la zona de Santullán que se desarrolló ilegalmente. En concreto, la urbanización Residencial San Pelayo, promovida por Sacyr Vallehermoso.
Para ello, la Audiencia Provincial de Cantabria ha dictado un auto, que hemos leído, en el que declara firme la sentencia del Tribunal Supremo e insta al Ayuntamiento de Castro Urdiales (presidido por PSOE y Cs) a que proceda a la demolición de las 11 viviendas construidas sobre suelo de protección y servidumbre de carreteras, próximas al puente que comunica esa zona con el centro de la pedanía castreña. Los gastos de demolición serán sufragados, conjunta y solidariamente, por los tres condenados y con responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Castro Urdiales.
Además, la Sección Tercera ordena al Consistorio castreño que restaure la legalidad urbanística de esa zona después de declarar la nulidad del Plan Parcial del sector de Suelo Urbanizable No Programado Nº12 (SUNP-12), así como los instrumentos de planeamiento que lo desarrollaron (Proyectos de Compensación, Urbanización y Licencia de Obras).
En esa misma resolución, contra la que cabe recurso de súplica, la Sala acuerda la formación de piezas separadas para el cumplimiento de las penas impuestas a cada uno de los condenados y la devolución del dinero intervenido a los acusados absueltos y avales prestados.
La macrocausa de La Loma de Castro Urdiales es el asunto urbanístico más importante, a la par que mediático, que instruyó el magistrado Luis Acayro Sánchez . Un caso que ha tardado 16 años en resolverse.
Tres condenados, el derribo de 11 chalés deshabitados y la anulación del Plan Parcial que permitió su construcción y la de 35 viviendas más en la pedanía de Santullán. Ese es el balance final de este procedimiento. Al exalcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, se le ha condenado como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa y de prevaricación urbanística; al exsecretario municipal, César Sáiz, por delito de falsedad en documento público y oficial y como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa, y a Valentín Galdós, arquitecto y promotor de Sacyr Vallehermoso, por delito de falsedad.
La Sección Tercera condenó al exalcalde Muguruza por un delito continuado de prevaricación administrativa porque «sabiendo y conociendo que los informes de las autoridades estatal y autonómica de Carreteras eran vinculantes, adoptó resoluciones contrarias a la legalidad tanto en relación con el Plan Parcial, como con el Proyecto de Compensación del SUNP-12». Y la condena por prevaricación urbanística, el tribunal la justifica señalando que Muguruza «adoptó resoluciones contrarias a la legalidad tanto en relación con los Proyectos de Urbanización y Ejecución, como con el otorgamiento de las licencias de obras».
En el caso de César Saiz, la Audiencia aseguró que el secretario municipal es el asesor legal del Ayuntamiento de Castro Urdiales y «no hizo nada para subsanar los defectos que una y otra vez se le señalaban tanto por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (informes no vinculantes) como por las autoridades de Carreteras (informes vinculantes)». Respecto a la condena por falsedad de documento público, el tribunal asegura que, con su sello y su rúbrica, «Saiz contribuyó eficazmente a darle al Proyecto de Compensación falseado por el promotor la apariencia de total legalidad, haciendo que el registrador de la Propiedad lo inscribiera».
Por otro lado, la Audiencia considera al promotor y arquitecto, Valentín Galdós, coautor por cooperación necesaria del delito de falsedad cometido por el secretario del Ayuntamiento, ya que el Proyecto de Compensación era un documento público y oficial, «y la falsedad consistió en alterar el documento en un elemento esencial, añadiendo un párrafo que no existía en el documento oficialmente aprobado por la Junta de Gobierno Local de Castro Urdiales».
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