CASTRO NO ES JEREZ
NOS HEMOS ENTERADO POR LA RECIENTES IMAGENES DE JEREZ TV QUE NUESTRO MUNICIPIO HA FIRMADO OTRO ACUERDO ESTÁ VEZ TURÍSTICO CON EL MUNICIPIO ANDALUZ. http://jereztelevision.com/
El caso nos sorprende un poco. A que van a venir los jerezanos a Castro Urdiales ?? A la playa.
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| LA ALCALDESA DE JERÉZ EN MERCADONA. |
La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez se interesó en 2017 por la reapertura del supermercado Mercadona del Centro Comercial Área Sur, que abrió sus puertas después de una remodelación que ha convertido a Jerez en una de las primeras localidades de la provincia que cuenta con un establecimiento de la cadena diseñado según el nuevo concepto de ‘tienda eficiente’. supermercados, sino también en el mantenimiento del empleo en la ciudad, e incluso en la creación de nuevos puestos de trabajo”.
En Castro Urdiales, los que gobiernan hicieron lo mismo que la Alcaldesa de Jerez, en la presentación de la Plataforma Logística de UVESCO que compite por el espacio comercial con Mercadona. En la Presentación apoyada por el Gobierno Regional, estuvieron algunos de los concejales socialistas que ahora están gobernando, concejales del PP que ahora están en Ciudadanos, el concejal de MasCastro etc...https://castropuntoradio.es/inaugurada-la-plataforma-de-uvesco-en-vallegon/
Cuando parecía que ya no somos la "Marbella del Norte",
resulta que quien gobierna hoy en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, pretende en el Pleno del Martes 4 de Febrero de 2020 saltarse los informes de los técnicos municipales que hicieron aprobar inicialmente la modificación del PGOU número 23: "CASTRO MODIFICA SU PGOU PARA TRASLADAR CONSERVAS LOLIN A VALLEGÓN. DM" . El equipo de gobierno de CastroVerde junto al PRC votaron a favor de la aprobación inicial de la modificación número 23 del Plan General de Ordenación Urbana de Castro Urdiales (MásCastro votó en contra, mientras que PP y PSOE se abstuvieron). Hay que recordar que antes de aprobarse inicialmente esta modificación del PGOU, el Ayuntamiento y los responsables de la conservera firmaron un convenio urbanístico que supone el traslado de la empresa al polígono industrial de Vallegón, en Sámano, al considerarse «una industria molesta de la trama urbana».
Para facilitar el traslado de la empresa, el Ayuntamiento acordó con la actual propiedad un cambio de uso de la parcela de industrial a comercial, permitiendo la instalación de un centro comercial, además de exigir la construcción de infraestructuras que mejoren la vialidad conectando el carril bici hacia Mioño con Castro mediante una pasarela, la cesión al Ayuntamiento de un local de 950 metros cuadrados en el edificio, así como la ampliación de las aceras actuales, y la decisión del agua de un pozo, todo ello está valorado en algo más de un millón euros.
Lo rocambolesco del tema es que a pesar de ser el municipio del Norte de España con más temas de Corrupción judicializados, parece que el Gobierno Regional y en concreto la Comisión Regional de Urbanismo no toma cartas en el asunto y más cuando parece como advertía la empresa perjudicada que puede haber vicios de nulidad en determinadas decisiones e inseguridad jurídica.
No se entiende bien y esperamos que los técnicos municipales lo aclaren en el pleno como es posible que a falta tan solo de la ratificación de la modificación urbanística, haya concejales que estén valorando la posibilidad de votar en contra porque no les gusta o incluso renunciar a votar alegando presuntas coacciones de manera unilateral e injustificada cuando las administraciones públicas deben de actuar de acuerdo a la eficacia, jerarquía, descentralización..respetando los principios de la buena fe y confianza legítima.
El acuerdo de pleno puede ser anulable cuando infringe el ordenamiento jurídico o incurra en desviación de poder. El Ayuntamiento tiene obligación de resolver de manera motivada y suficiente la denegación de una modificación del PGOU que cuenta con todos los informes sectoriales favorables pertenecientes muchos de ellos a administraciones públicas. La renuncia al convenio unilateralmente supondría un atentado a la buena fe y contraria al interés público. Según el Tribunal Supremo, "las administraciones públicas (al contrario de lo que piensan algun@s en redes sociales) no son libres de desistir o renunciar a sus supuestos derechos porque estos en realidad son intereses públicos. Los convenios tienen carácter contractual y vinculan a las partes sin que pueda dejarse su cumplimiento al arbitrio de cualquiera de ellas".
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𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑎́𝑛 𝑙𝑒𝑖́𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒.