LA FISCAL REPROCHA AL AYUNTAMIENTO SU FALTA DE ACCIÓN EN SANTA CATALINA
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| FOTO SER CASTRO. |
LA FISCAL PIDE 10 AÑOS DE INHABILITACIÓN A LOS CARGOS POLÍTICOS INVESTIGADOS EN EL CASO SANTA CATALINA Y REPROCHA AL AYUNTAMIENTO QUE NO SE HAYA PERSONADO COMO ACUSACIÓN COMO PRINCIPAL PERJUDICADO. ENLACE CRONICA DE CANTABRIA
La Fiscalía ha rebajado a diez años de inhabilitación la pena que pide a los acusados por prevaricación en el juicio por irregularidades en el desarrollo urbanístico de Santa Catalina, a los exalcaldes, junto a 12 concejales de sus respectivos equipos de Gobierno en las legislaturas 1999-2003 y 2003-2011, y el entonces secretario municipal en calidad de cooperador necesario.
La fiscal acusa a los cargos políticos de un delito de prevaricación genérica continuada por aprobar los instrumentos urbanísticos posteriores de desarrollo de la zona -el estudio de detalle en 2002 y el proyecto de reparcelación en 2004-, con el citado vial en un área de equipamiento, sin aprobar la preceptiva modificación del PGOU, pese a los sucesivos informes desfavorables de la Comisión Regional de Urbanismo. Además según se dice, las licencias concedidas al amparo de esos instrumentos son también “contrarias a derecho”.
La fiscal ha cuantificado en 282.955 euros la indemnización al Ayuntamiento de Castro. Pero ha precisado que el “perjuicio aún es mayor.
La Fiscalía ha retirado la acusación contra el exconcejal Juan Tomás Molinero, porque no asistió a la votación en la que se aprobó en el año 2002 el estudio de detalle que detrajo 417 metros cuadrados de equipamientos para destinarlos a viario; y contra el arquitecto Pedro Restegui, porque el estudio de detalle que informó sí era compatible con la ficha urbanística del PGOU.
La fiscal también ha retirado la acusación contra los técnicos municipales Carmen Villanueva y Pablo Sopeña, porque pese a considerar que no ejercieron su función “con el celo y la diligencia debida”, entiende que no contribuyeron “de forma eficaz” a la comisión de las ilegalidades de las que acusa a los excargos públicos.
Otras muchas imputaciones han ido decayendo por el camino por diversas causas, en algunos casos por fallecimiento o enfermedad mental de los acusados, en otros por decisión de la Audiencia provincial, que en un auto de 2011, hace seis años, decretó la prescripción de parte de los hechos, y el sobreseimiento de otros.
La fiscal ha explicado que no pide la demolición de lo construido porque en suelo urbano, el Ministerio Público entiende que lo que debe hacerse es “restaurar la legalidad”, por lo que solicita la anulación de los instrumentos urbanísticos que la contravinieron.
Desde Castro Confidencial "otra patata caliente" en el Urbasnismo Municipal..Y otra Instrucción del juez Acayro que llega a juicio..
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𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑎́𝑛 𝑙𝑒𝑖́𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒.