EL EQUIPO DE GOBIERNO INFORMA Y ACLARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL CASTROBUS
Castro-Urdiales 23 de agosto de 2016
Desde el Ayuntamiento queremos transmitir las siguientes consideraciones sobre el proceso de contratación del CastroBus y sobre la reunión mantenida en cuanto a este tema con los grupos municipales del Partido Popular y MásCastro-Anexión a Vizcaya:
- La reunión del 10 de agosto fue convocada para que la Secretaria municipal explicara a los representantes de ambos grupos políticos el tratamiento administrativo que ella misma estaba dando al recurso interpuesto por ellos de forma conjunta. En ella se explicó que el recurso podría interrumpir el proceso de contratación del CastroBus, y ambos grupos manifestaron que no era esa su intención. Sin embargo, de facto el recurso va contra el proceso y no contra el servicio en sí.
- El citado proceso de contratación ha seguido el cauce normal y legal, que es: aprobación de pliegos, licitación, recogida de ofertas, valoración de las mismas por los funcionarios y propuesta de adjudicación en mesa de contratación. Los cambios del servicio, incluidos los temas relativos al servicio a demanda, deberán ser introducidos cuando exista una empresa adjudicataria y no en los pliegos, que según explicó la Secretaria no pueden ser alterados hasta que finalice el proceso de contratación del mismo, pero sí se podrían tener en cuenta en el texto del reglamento de uso.
- En el transcurso de la reunión el alcalde aclaró que el objetivo de la misma no era negociar las condiciones por las que se podría retirar el recurso, respetándose los motivos que a los dos grupos les habían movido a presentarlo, sino explicar el recorrido y las consecuencias del proceso. Las declaraciones de la portavoz del Grupo Popular diciendo que <
- El expediente de contestación al recurso está siendo tramitado por la Secretaria de la misma forma que instruye todos, con la profesionalidad que la caracteriza y sin ninguna injerencia por parte de nadie. La diligencia en sus actuaciones ha sido la debida, aunque no les parezca así a los representantes de los grupos aludidos.
- Al final de la reunión, los representantes políticos quedaron en tratar el tema con sus compañeros, sin que el alcalde tuviera motivos ni razones para contestar a ningún tema pendiente.
- El escrito registrado dirigido al alcalde y que ha dado pie a las declaraciones a los medios afirma que <<El Sr. Alcalde nos solicitó la retirada del recurso>>, lo cual no es cierto, aunque hubiese sido lo deseable a favor de no obstaculizar un proceso que es necesario concluir cuanto antes.
- Las peticiones tendentes a definir las condiciones en las que se va a regir el servicio de transporte a demanda serán atendidas, en la medida que sean razonables, cuando se adjudique el servicio con la empresa adjudicataria, pero no antes. El equipo de gobierno no tiene ninguna intención de perjudicar a ninguna pedanía ni a ningún colectivo de vecinos. Así lo hemos dicho y explicado en todas las ocasiones que ha habido, aunque tampoco vamos a dejar de defender el interés general por ello.
- El planteamiento de imponer condiciones para la retirada del recurso es gratuito y tendente a confundir el debate; como hemos dicho en párrafos anteriores. Los términos en los que se realice el transporte de viajeros a demanda serán acordados con la empresa que finalmente vaya a realizar el servicio y no ahora, ni antes de que se produzca la adjudicación. Mientras tal hecho no se produzca, el recurso presentado pone en peligro la continuación del servicio, no sólo en las zonas que se prestarían a demanda (menos de 5% del total) sino en todo el municipio, puesto que se está solicitando la paralización del expediente de contratación.
-La prórroga del contrato actual, una de cuyas causas es precisamente el recurso interpuesto por los citados grupos, supone un coste de un máximo de 163.000€ deduciendo los ingresos por billetes que pueden ser la mitad. Además si se resuelve el contrato con anterioridad esta cantidad se verá reducida.
-Este precio es el mismo que el del servicio actual, que fue prorrogado anteriormente en tres ocasiones en 2013 por 12 meses, en 2014 por 12 meses y en 2015 por 16 meses, todos en la anterior legislatura y por un valor superior a 3.000.000 €, que en su momento se consideró necesario para continuar prestando el servicio, al igual que ahora.
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