LA UNIÓN APUESTA POR UNA SOLUCIÓN LEGAL ATENDIENDO LAS REVINDICACIONES DE LA ASAMBLEA CONTRA EL PARO

Castro Urdiales 3 de Febrero de 2013.-



    LA UNIÓN (LU) en Castro Urdiales desveló que “existe una solución legal clara” para atender a la reivindicación de la Asamblea contra el Paro, a la cual además felicitan por el éxito de la manifestación celebrada el sábado, por al amplio apoyo popular recibido, que fue apoyada por esta formación política, participando en la misma varios componentes de su Comisión Ejecutiva Regional, incluido su Presidente.

El portavoz de la formación política en Castro Urdiales, y a la vez Secretario de Organización Regional, Pablo Villasante, señaló que en LA UNIÓN (LU) han encontrado la solución legal a que en las contrataciones de obras y servicios municipales “se garantice la contratación de parados con la prestación agotada empadronados en Castro Urdiales”.

Villasante indició que su formación política ha elaborado un informe, que pondrán a disposición de la Asamblea contra el Paro, que demuestra la viabilidad legal de convertir en un criterio de valoración en los concursos de obra y servicios, convocados por el Ayuntamiento, la contratación de parados en riesgo de exclusión social empadronados en Castro Urdiales.

El artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público, aplicable a todas las Administraciones Públicas, incluidos los Ayuntamientos, permite la introducción de “condiciones especiales” en los contratos públicos, siempre que se indiquen en el anuncio de la licitación y en el pliego de condiciones de los contratos a firmar con las empresas ganadoras del concurso.

Entre esas condiciones, prosiguió, están “el promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral”, y sobre todo, que es lo que sería de directa aplicación a la reinvidación ciudadana de Castro, está la condición especial de “combatir el paro”.

Por tanto, defendió Villastante, “es absolutamente incierto que no exista vía legal para garantizar la contratación de parados por las empresas adjudicatarias de concursos y subastas municipales”.

“Es increíble que 14 concejales liberados, con buenos sueldos, sean incapaces de estudiar con dedicación soluciones legales para combatir el desempleo entre los castreños”, lamentan desde LA UNIÓN (LU).

Esta solución legal, aclararon, “no es de ningún modo incompatible con el derecho comunitario”.

En este sentido, continuó Villasante, el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de Abril de 2011, que regula la Libre Circulación de los Trabajadores dentro de la Unión Europea, aclara que “únicamente hay que respetar y garantizar que los ciudadanos comunitarios no sean discriminados respecto de los nacionales, en un punto concreto, que es subordinar el acceso al empleo a la inscripción administrativa en las oficionas de empleo”.

Por tanto, si un comunitario está empadronado en Castro, podría acreditar su situación de riesgo de exclusión social y de desempleo por otros modos distintos a su inscripción en el Servicio Cántabro de Empleo.

Ahora bien, el requisito del empadronamiento, no se encuentra dentro del catálogo de disposiciones legales y prácticas administrativas que el Reglamento Europeo prohíbe.

Además, finalizó Villasante, “cuando la Ley permite que combatir el paro puntúe en el concurso, se está refiriendo al ámbito de la Administración que otorga el mismo”, de este modo, aclaró “si se introduce la condición de combatir el paro, y el órgano de contratación es municipal, es obvio que se está refiriendo al paro en su municipio, es decir, a los parados empadronados en el Ayuntamiento”.

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