LA CORRUPCIÓN POLÍTICA ES RESPONSABLE DE LA MITAD DE LAS CIFRAS DE DESEMPLEO
LA UNIÓN (LU) denunció que la corrupción política es “la causante directa”, por sí misma, de “la mitad del número de parados”, y se ha convertido “en el hecho político diferencial español”, pues “está institucionalizada, es sistemática, es común e iguala a los partidos políticos, y tiene un desarrollo sostenido a lo largo de 25 años”, siendo “forma común de funcionamiento en las Comunidades Autónomas, en el Estado, y en la mayoría de los Ayuntamientos”.
Para Rafael Sebrango, Presidente de la formación política, “la mitad de las cifras de desempleo en España, así como en Cantabria, son producto del daño directo que la corrupción política ha ocasionado en nuestra economía”, que, añadió “ha multiplicado desorbitadamente el gasto público, ha detraído ingentes cantidades de la empresa privada, que ahora tiene que despedir, y ha llevado a la quiebra a nuestro sistema de Cajas de Ahorro”.
Según relató, “casi la mitad de la enorme deuda pública generada por nuestras Administraciones, ha sido motivada por el sistemático sobreprecio pagado por las obras, suministros, y demás compras de bienes y servicios por parte de nuestras instituciones, con destino a la financiación de los partidos políticos”.
“Lo que en la calle vale 50, si es comprado por nuestras instituciones se convierte en un gasto de 75, 80, o 100, según los casos”, lo cual, añadió “se ha legalizado por un sistema de contratación pública diseñado a tal efecto por los propios beneficiarios del entramado de la corrupción”.
“En mitad de la crisis, se han incrementado, de manera injustificada, el tope máximo de dinero por debajo del cual se puede contratar sin subasta ni concurso público, a través de los mal llamados contratos menores”, lo cual “facilita de forma extraordinaria la contratación de empresas de confianza política, que colaboran en el reparto”.
Por otro lado, prosiguió “las grandes adjudicaciones de obras y suministros, no se deciden por criterios objetivos, tales como el precio, sino por criterios subjetivos que son los que deciden quién se lleva el contrato, y en los cuales son los cargos políticos de libre designación los que tienen la última palabra”.
Otro modo “legalizado”, es “la inflación de gasto público derivado a través de empresas públicas, estatales, autonómicas, y municipales, las cuales siguen existiendo en un 90%, pese a las promesas electorales”.
Para Sebrango, “este sistema de funcionamiento no ha beneficiado a la empresa privada, la cual detrae recursos que no han ido a inversión, y hoy tienen que despedir a un número inimaginable de trabajadores”.
Durante todos estos años, prosiguió, “las empresas privadas que trabajaban para cualquier administración, han tenido que contar con un presupuesto, nada despreciable, para pago de comisiones”.
Otro fenómeno, resaltó “es la obligada contratación de hijos, esposas, y maridos de políticos influyentes, así como ex-políticos, en empresas privadas, como único modo para poder ganar algún concurso público”.
En el caso de Cantabria, “al menos 24.000 de los 56.341 parados registrados, deben su situación a los efectos económicos perversos de la corrupción política”.
Para LA UNIÓN (LU) “hay que terminar con la corrupción, tanto la legalizada por la legislación de contratos públicos, como con la manifiestamente ilegal”, lo cual obliga “a quienes llevan 25 años viviendo de determinada manera se reconviertan radicalmente”, pues defienden “los partidos políticos necesitan una reconversión industrial”.
Finalmente, “es imprescindible convertir la subasta en el sistema ordinario de contratación, prohibiendo que en los concursos los criterios subjetivos puntúen más que los objetivos, y reduciendo drásticamente el importe máximo por el cual un contrato puede ser calificado como menor”.
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