CASTRO: GESTIÓN PÚBLICA DEL SIGLO XXI
En época de crisis, un buen gestor lo primero que hacer es intentar racionalizar el gasto de su empresa, eliminando gastos superfluos o que no son necesarios. Esta es la misma estrategia que debe seguirse en un Ayuntamiento. Sin embargo, nos encontramos muchas veces con la problemática que la voluntad política por parte del alcalde y de los concejales van por otros derroteros.
El capítulo II es utilizado en numerosas ocasiones para premiar a los fieles del partido, a los amigos, a todos aquellos que se sitúan alrededor de la casta política, y en otras, sirve para constatar la mediocridad de los gestores, no por cohecho, sino por puro desconocimiento y dejación de funciones. A pesar de que en el mundo profesional es conocido muchos de estos chanchullos, desde fuera poco se puede hacer. El miedo a denunciarlo públicamente o la falta de pruebas son algunas de las razones que hacen que este tipo de hechos se sigan produciendo. Pero de todo este tipo de acciones existe un testigo directo que se encuentra infrautilizado: el funcionario público.
Es por eso que las ciudades del siglo XXI tienen que tender hacia una gestión mucho más participativa, empezando por aquellos que conocen directamente la situación, y que no son otros que los funcionarios.
Desde Castroconfidencial sugerimos la creación de una Oficina Municipal de Ahorro de Costes. El mecanismo para el ahorro de gastos vendría ejercitado en primer lugar por parte de acciones iniciadas por los propios funcionarios (sin participación del gestor político de turno) los cuales indicaran, de manera anónima, cuáles son los gastos superfluos y prescindibles que se están llevando a cabo en el departamento / concejalía y empresa pública donde ellos trabajen o conozcan que se produzcan.
Una vez denunciado un gasto como irregular o sospechoso por parte del funcionario, desencadenaría un mecanismo por el cual, el responsable del gasto tuviera que argumentar, de manera transparente hacia toda la ciudadanía, el porqué está llevando a cabo ese gasto y cuáles son los retornos que se obtienen. En ese momento, comparativas de gastos municipales a nivel nacional actuarían automáticamente para indicar si el sobreprecio pagado es justificable. Estas medidas y la información pública limitarían la corrupción en administraciones públicas en general y ayuntamientos en particular ya que obligarían a tener que justificar, de manera transparente y ante audiencia pública, el porqué se toman decisiones de algún tipo.
Este tipo de Políticas confirman la gestión participativa, el poder de muchos, de los ciudadanos, de los propios funcionarios y de los políticos en la oposición como la gestión pública de la excelencia.
Este Ayuntamiento ha formalizado desde su fecha de constitución, 11 de Junio de 2011 un montón de contratos de servicios, obras y suministros que no se sabe su necesidad o urgencia y porque en esta época de crisis de recortes sociales...se han llevado a cabo sin dar cuenta a los ciudadanos.
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𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑎́𝑛 𝑙𝑒𝑖́𝑑𝑜𝑠 𝑦 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒.