LU denuncia El Escándalo en la Función Pública de Cantabria
Santander 25 de Agosto de 2010.-
LA UNION (LU) en comunicado emitido hoy, denunció que la impugnación presentada por un funcionario de la Dirección General de Obras Hidráulicas a obtención de la plaza por la Directora General de Obras Hidráulicas, Ana Isabel Ramos, plaza a la que también concursaba con méritos que ni se le quisieron certificar ni valorar, pone en evidencia que “el acceso a la función pública en Cantabria es inaceptable ya que se vulnera sistemáticamente los principios de mérito y capacidad, y se sitúa al margen de la Ley.”
La Secretaria General de la formación, Pilar de la Hera, manifestó que, “un Gobierno que no cumple los principios de igualdad, mérito y capacidad para cubrir las plazas de los funcionarios, a la vista de la escandalosa información que contiene el Recurso de alzada que impugna la jefatura de servicio de obras y planes hidráulicos, es un gobierno que ampara la corrupción con mayúsculas.”
“En esta adjudicación el interés de la Consejería de Medio Ambiente estaba muy claro” indicó De la Hera, “ que obtuviera la plaza la actual Directora General”.
“Para ello, no han dudado en torcer la ley, el Subdirector General de obras hidráulicas; el Secretario General de la Consejería y todos los miembros de la Comisión de Valoración que votaron a favor. Incluso, todas estas actuaciones han sido avaladas por el Consejero de Presidencia y por el Consejo de Gobierno y por la Directora General de Función Pública ya que han sido conocedores en todo momento de lo que estaba ocurriendo”, indicó la Secretaria General de LA UNION (LU).
Por todos estos motivos la formación política exigió el “cese fulminante del Subdirector General de Obras Hidráulicas.”
“Alguien así, amén de haber más que indicios de que en su actuación hay tipología penal, es un peligro público y atenta contra el interés general de los administrados”, señaló De la Hera, ”Que una persona como el Sr Fernández Ruiz, incurso en causa de recusación se haya atrevido a actuar parcialmente para que un funcionario no obtuviera la plaza, y adjudicársela a la Sra Directora General, indica a los intereses que sirve y la catadura moral y la impunidad que tiene; debe ser apartado.”
Asimismo la Secretaria General de LA UNION (LU) indicó que en este asunto amén del ilícito administrativo existen más que probablemente responsabilidades penales.
“ A la vista de la indefensión intencional e intencionada que ha sufrido el funcionario que también optaba a la plaza, es evidente que la plaza adjudicada a la Directora General es nula de pleno derecho pero estamos también ante unos hechos que indican algo más serio”, aseguró De la Hera.
Éstas son situaciones que no se pueden tolerar ni un minuto más ¿Qué se puede esperar de un Gobierno que atropella los derechos de alguien más capacitado y más válido? se preguntó ¿Qué se puede esperar en el ejercicio de la función pública, de alguien que se presta a éstos manejos? se preguntó De la Hera?”
“Evidentemente tendrá que comportarse como un estómago agradecido a quien le nombró y servirá a los intereses que la catapultaron al puesto”, recalcó De la Hera.
“Es absolutamente intolerable, que alguien por sus relaciones personales o por lo que sea, acceda en menos de cuatro años de trabajo al máximo nivel de funcionaria.”
“La actual consideración de la Administración que tienen y han tenido el Gobierno de Cantabria son lesivas para los intereses generales.”
“A la función pública y a las empresas públicas sólo acceden amigos del poder, del Gobierno y de los sindicatos”, aseguró De la Hera, “Y de ello tenemos datos en LA UNION (LU)”.
Por ello, “es preciso que se den cuenta de que esta situación ya toca a su fin, se les está acabando ya utilizar lo público para sus manejos.” “Por lo menos desde LA UNION (LU) pondremos todos los medios y nuestro trabajo para evitarlo”, aseguró.
Finalmente, la Secretaria General reiteró que “su formación exige de nuevo la dimisión de la Directora General de Función Publica ya que aun no ha dado una explicación convincente al rosario de irregularidades e ilícitos del concurso de méritos” que llegan a la desviación de poder que denuncia el Recurso de alzada interpuesto.
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